La polémica por el estado de emergencia económica declarado por el gobierno nacional sumó un nuevo capítulo el miércoles 24 de diciembre, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciara que el Centro Democrático presentará una acción de protección para frenar los efectos inmediatos de la medida impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Según ha explicado Uribe a través de sus redes sociales, el amparo será presentado por la comunidad política encabezada por su candidata presidencial y la senadora Paloma Valencia, pues el decreto representa una sobrecarga de funciones y tiene un impacto directo en las billeteras de los colombianos.
El expresidente aseguró que este recurso legal es, por el momento, el único mecanismo disponible para frenar la emergencia económica, ya que el Tribunal Constitucional recién comenzará a estudiar el tema una vez que finalice la vacancia judicial, prevista para mediados de enero.
El Centro Democrático, liderado por el
La candidata y senadora Paloma Valencia presentará hoy TUTELA contra la
Emergencia económica. Es la única solución inmediata porque el Tribunal Constitucional concederá el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el gobierno…— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de diciembre de 2025
El uribismo advierte que mientras la Corte Suprema toma posesión, el Ejecutivo tendría vía libre para dictar decretos con fuerza de ley, incluidos posibles ajustes tributarios y nuevas cargas económicas que podrían entrar en vigor a partir de principios de 2026.
El decreto de emergencia económica fue anunciado por el gobierno tras el colapso del proyecto de ley de financiamiento en el Congreso, que pretendía cerrar un déficit presupuestario de casi 15 mil millones de pesos.
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Para el ejecutivo, la medida es necesaria para garantizar la estabilidad presupuestaria; Sin embargo, varios sectores políticos y jurídicos han señalado que no se cumplen los requisitos constitucionales para hacer uso de este mecanismo excepcional.
Aunque el Tribunal Constitucional ha descartado celebrar sesiones extraordinarias para revisar el decreto, el debate jurídico y político promete escalar en las próximas semanas.
