Minuto30.com .- Lo que muchos abogados y sectores opositores calificaron como una amenaza comenzó hoy a tomar forma legal. Con la inscripción en el Registro de la Comisión Promotora de una Asamblea Nacional Constituyente, Colombia se enfrenta a un escenario de incertidumbre institucional que podría poner bajo control las garantías democráticas logradas durante los últimos treinta años.
Bajo la bandera de un “poder constituyente”, el comité –integrado por figuras cercanas al actual gobierno– intenta recolectar 2,5 millones de firmas. Sin embargo, detrás del relato de la ‘participación popular’ hay riesgos que mantienen en alerta a los defensores de la separación de poderes.
1. El riesgo de la “caja de Pandora”
Los expertos constitucionales advierten que convocar una Asamblea Constituyente abre una caja de Pandora. Al momento de instalarse la Asamblea General adquiere facultad absoluta que:
Eliminar contrapesos: debilitar la independencia de las Cortes y de los órganos de control (Ministerio Fiscal, Ministerio Fiscal).
Cambiar las reglas del juego electoral: abrir la puerta a la reelección o a la extensión de los mandatos presidenciales, lo que la constitución actual prohíbe estrictamente.
2. Incertidumbre económica y fuga de capitales
En un momento en que la economía colombiana necesita estabilidad, la sola idea de cambiar la “Carta Magna” está provocando pánico en los mercados. Las inversiones extranjeras se detienen por falta de seguridad jurídica. ¿Quién querrá invertir en un país cuyas leyes básicas pueden ser borradas por una asamblea política de un plumazo?
3. Una comisión con sello oficial
Llama la atención que entre los iniciadores se encuentren ex funcionarios, como el ex ministro Carlos Alfonso Rosero. Esto refuerza el argumento de que no se trata de una iniciativa ciudadana espontánea, sino más bien de una estrategia de quienes están en el poder para sortear la falta de mayorías en el Congreso, donde las reformas gubernamentales se han estancado debido a la falta de consenso.
4. Polarización al extremo
La recogida de 2,5 millones de firmas no será sólo un trámite administrativo; Será el combustible para un enfrentamiento social en las calles. En lugar de impulsar acuerdos nacionales sobre cuestiones urgentes como la seguridad y el empleo, el país se verá envuelto en una batalla ideológica para cambiar una constitución que ya se considera una de las más progresistas del mundo.
