En una decisión que pone bajo escrutinio la política de protección del gobierno nacional, la Corte Suprema de Justicia Medellín ha emitido sentencia de segunda instancia ordenando a la Unidad Nacional de Protección (UNP) devolver inmediatamente el plan de seguridad a Carlos Alberto Arcila, actual Ministro de Paz y Derechos Humanos de la capital de Antioquia.
La medida surge tras una acción de protección interpuesta por el funcionario, quien dijo encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad luego del retiro de escoltas y vehículos oficiales que lo acompañaban en junio pasado.
El fallo, del 15 de enero de 2026, señala fuertemente que la UNP puso en peligro la vida y la integridad de Arcila al desmantelar sus protecciones sin una evaluación de riesgos actualizada.
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El tribunal no sólo exige la devolución de su seguridad, sino que exige una nueva evaluación técnica que tenga en cuenta su larga trayectoria como defensor de derechos humanos y líder social, rol que ya desempeñó con firmeza antes de llegar al gabinete municipal.
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El tribunal advirtió que ignorar las amenazas contra quienes defienden la vida en el contexto actual del país es una omisión grave.
La situación en el interior Antioquía no es para menos. El documento judicial revela cifras que han encendido las alarmas: sólo en 2025, 27 líderes sociales fueron asesinados en el departamento, lo que se suma a una macabra lista de 187 víctimas en todo el país.
Ante este escenario, el ministro Arcila no se guardó nada y responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, de cualquier ataque que sufra, exigiendo fortalecer las garantías para quienes defienden los derechos humanos en zonas afectadas por la extorsión y la minería ilegal.
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