La crisis del sistema penitenciario Medellín llegó a un punto crítico el martes 27 de enero. Los reclusos del penal El Pedregal, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, se declararon en estado de desobediencia civil para protestar por lo que consideran una dieta «degradante» y un supuesto esquema de corrupción que involucra a funcionarios del Inpec.
Según las denuncias, las familias tendrían que pagar hasta 500.000 pesos para permitir el acceso a alimentos caseros, beneficio que antes servía como alivio a la precaria dieta oficial.
Organizaciones de derechos humanos, encabezadas por el activista Jorge Carmona, indicaron que la situación afecta a cerca de 1.300 presos, entre hombres y mujeres.
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Lo malo es que, a pesar de que existía permiso de la Dirección General del Inpec para el ingreso mensual de alimentos para el hogar y un “paquete humanitario” (pan, galletas y dulces), la medida se habría convertido en un asunto ilegal al interior del penal.
Carmona reveló una cifra alarmante: actualmente el presupuesto para alimentar a un preso en Colombia es de apenas 2.400 pesos diarios para cubrir cuatro comidas diarias, condenando a la población penitenciaria a la desnutrición.
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A este problema se suma la mala atención sanitaria, que ha llevado a los internos del penal de El Pedregal a exigir la presencia inmediata de autoridades de control para verificar las condiciones de reclusión y poner fin al presunto abuso de poder en las puertas del penal.
Ante la gravedad de los hechos, se espera que en el transcurso de esta semana se elabore una mesa de emergencia.
En esta reunión participarían la Defensoría del Pueblo de Medellín, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y directores regionales del Inpec para buscar una salida negociada a la protesta.
Por ahora, los presos siguen manteniendo su postura de que no recibirán alimentos oficiales hasta que se garantice la transparencia en la recepción de los paquetes humanitarios y se ponga fin a los cargos excesivos contra sus seres queridos.
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