El Tribunal Administrativo de Antioquía ha emitido un incidente de desacato contra varios ministros y altos funcionarios por no pagar millones de dólares en deudas que están asfixiando el sistema de salud de la región.
La medida, que surgió tras una campaña popular del alcalde de MedellínFederico Gutiérrez advierte que de no realizar los pagos los responsables podrían enfrentar arrestos de hasta seis meses y multas a pagar con sus propios bienes.
La decisión judicial recae directamente sobre figuras claves del gabinete, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, además del inspector jefe de Salud y el director de Dirección.
Según el alcalde Gutiérrez, este incidente es un triunfo para la defensa de la vida, frente a lo que calificó como una gestión que “Juega con la salud de los ciudadanos”.
Las cifras son alarmantes: la EPS intervenida debe más de $173.000 millones sólo al Hospital General de Medellín, un déficit presupuestario que ha crecido un 36% desde el inicio del proceso judicial.
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El impacto de esta quiebra financiera ya se siente en las calles. Los servicios de emergencia de la capital Antioquia operan con niveles de hacinamiento de hasta el 162%, agravado por la falta de medicamentos para pacientes crónicos.
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Gutiérrez señaló que, aunque el Gobierno central afirma que “no hay dinero”, se han firmado contratos multimillonarios con tintes electorales.
“Destruyeron el sistema de salud; hoy la deuda nacional es de $33 mil millones, de los cuales $8 mil millones son de Antioquia”señaló el presidente local.
A pesar de la falta de recursos nacionales, el distrito ha invertido cerca de 439.000 millones de dólares para evitar el colapso total de la red pública.
Con este nuevo incidente judicial, se espera que la presión al Ejecutivo obligue a un desembolso inmediato que alivie la presión sobre hospitales como el General, donde Savia Salud y Nueva EPS tienen las carteras más pesadas.
El país está a la espera de las consecuencias penales que podrían derivarse del delito de estafa tras una resolución judicial.
Foto de cortesía.
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