Minuto30.com .- El Ministerio de Salud sufrió un grave revés judicial este miércoles 11 de marzo. El Tribunal Administrativo de Antioquía ordenó la suspensión inmediata del controvertido Decreto 182 de 2026, un esquema que tenía como objetivo redistribuir a millones de afiliados en todo el país, limitar sus opciones y concentrarlos en entidades intermediarias.
La medida cautelar urgente, dictada por el juez Daniel Montero Betancur, responde a una protesta popular que alertó sobre un posible colapso de los servicios y la vulneración del derecho a la salud de más de 6,6 millones de colombianos.
El riesgo de “monopolización” en las Nuevas EPS
La Corte advirtió fuertemente que la decisión del Gobierno Nacional provocaría una transmisión masiva sin precedentes. La mayor preocupación es con la Nueva EPS, que recibiría más de 3,1 millones de nuevos usuarios, lo que la dejaría como la única aseguradora autorizada en 502 municipios del país.
“La norma podría generar transferencias masivas, que concentrarían a los afiliados en la Nueva EPS, dejándola como aseguradora única en gran parte del territorio nacional”, advirtió el juez, al señalar que esto reduciría drásticamente la capacidad de los ciudadanos para elegir o cambiar de entidad.
Las cifras del traspaso que quedó suspendido
Según cálculos de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios, el decreto pretendía trasladar a 6.606.371 afiliados de la siguiente manera: la nueva EPS recibiría 3.198.875 pacientes; Savia Salud recibiría 289.262 pacientes y SOS 533.429 pacientes.
La mayoría de estas transferencias se realizarían a las EPS, que actualmente se encuentran bajo intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud, lo que para el Tribunal representa un riesgo inmediato para la continuidad de los tratamientos y operativos planificados.
