La instrumentalización de las comunidades indígenas es la denuncia del alcalde de MedellínFederico Gutiérrez, tras la llegada masiva de casi 500 personas en la madrugada de este lunes 16 de marzo. Los manifestantes bloquearon el acceso al centro administrativo de La Alpujarra, impidiendo a funcionarios y ciudadanos el ingreso a la sede del gobierno de Antioquía y la alcaldía.
Lo que más preocupa al alcalde de Medellín no es la movilización en sí, sino una serie de inconsistencias en torno a los hechos: varios manifestantes, al ser abordados por periodistas, no supieron explicar por qué estaban allí ni cuáles eran sus pedidos.
Uno de ellos incluso admitió ser de Tierralta, Córdoba, departamento distinto al que supuestamente motivó la protesta, y aseguró que simplemente cumplía «órdenes».
El alcalde Gutiérrez no dudó en señalar lo que considera una operación política orquestada: «¿Crees que es gratis? Cada autobús cuesta nada menos que doce millones de pesos, son dieciséis autobuses y llegaron con comida incluida».
Según datos del presidente, sólo el traslado de los manifestantes representa una inversión de más de 190 millones de pesos, sin incluir logística adicional.
Otro elemento que hizo saltar las alarmas fue la presencia de aproximadamente 180 menores entre los manifestantes, cifra que tanto la Defensoría del Pueblo como el Distrito consideran preocupante dado el estado de salud y la exposición al clima en los espacios públicos.
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Gutiérrez dejó claro que su postura no es en contra de las comunidades: «Nunca vamos a estigmatizar a una comunidad indígena o a una minoría. Lo que estamos diciendo es que nada de esto es casualidad»declaró.
El presidente también marcó un límite claro respecto al bloqueo: advirtió que impedir a los ciudadanos acceder a trámites cotidianos como pasaportes, documentos o taquillas del ayuntamiento no puede convertirse en una situación indefinida.
“Tendremos que tomar decisiones en las próximas horas”advirtió, al tiempo que confirmó que se mantiene en contacto permanente con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Por otro lado, el presidente anunció que las comunidades indígenas habrían pedido al gobierno 130 millones de dólares para movilizar a algunos de los manifestantes a un punto específico de la ciudad, aumentando las dudas sobre quién está detrás de la logística de la movilización.
Por el momento, la mesa de diálogo entre la minga y el gobierno sigue activa, pero la brecha entre el discurso de los dirigentes y el desconocimiento de las movilizaciones sigue siendo el foco del debate en Medellín.
