Minuto30.com .- Más de 7,5 millones de citaciones ilegales emitidas en el país representaron un paso definitivo en beneficio de la ciudadanía. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte hicieron pública la lista oficial de las 37 organizaciones de tránsito investigadas, revelando además las fechas exactas en que operaron sin cumplir con los requisitos técnicos legales.
Esta divulgación es fundamental porque permite a los conductores verificar que la fecha de su infracción coincide con los períodos en que las cámaras (SAST) operaron sin el concepto de actuación del Instituto Nacional de Metrología.
Las 37 Secretarías de Movilidad en el punto de mira
La investigación administrativa abarcó a autoridades de tránsito en todo el territorio nacional, encontrando que operaban sin permiso o con permisos de terceros o tramitaban los requisitos mientras ya multaban a los conductores.
el departamento de Antioquía Concentra varios de los organismos estudiados en el Valle de Aburrá. Las secretarías involucradas son:
Lindo
A nivel nacional:
El listado oficial publicado por el Ministerio incluye las principales capitales y ciudades intermedias, centrándose en:
Bogotá
Kali
Barranquilla
Bucaramanga
cartagena
Villavicencio
valledupar
Caza
Sincelejo
Soledad
Villa del Rosario
La importancia de las fechas de invalidación
El Departamento de Transporte fue enfático en publicar los rangos de fechas específicos para cada uno de los 37 ministerios. Esto significa que sólo las citaciones emitidas dentro de esos plazos precisos son legalmente válidas.
Para los 5,5 millones de citaciones impagas: Si la multa se impuso en las fechas señaladas de irregularidad, el cobro debe ser retirado del sistema porque carece de sustento técnico y legal.
Para los más de 1,5 millones de billetes ya pagados: las autoridades de transporte que recaudaron estos fondos, más de 1.050 millones de dólares, durante los períodos no autorizados podrían verse obligadas a emitir enormes reembolsos a los afectados.
Sanciones a las agencias de tránsito
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, reiteró que esta publicación marca un hito en la defensa de los derechos de los conductores. Además de los ingresos millonarios a la ciudadanía, los alcaldes y secretarías investigados se exponen a sanciones equivalentes al doble del monto recaudado ilegalmente, monto que superaría los $2,1 billones, según lo estipula la Ley 2251 de 2022.
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