Un pronunciamiento que sacudió el escenario político
El hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, volvió a prender el debate nacional al proponer la extradición de Gustavo Petro e Iván Cepeda a Estados Unidos. Según él, ambos serían los determinadores políticos del auge del narcotráfico en Colombia, y por eso deberían ser juzgados internacionalmente por su presunta responsabilidad en permitir el crecimiento desbordado de la cocaína.
La propuesta no tardó en generar reacciones, tanto de apoyo como de rechazo. Mientras sectores del uribismo celebraron la iniciativa, otros la calificaron de provocadora. Sin embargo, lo cierto es que Uribe Moreno ha puesto sobre la mesa una discusión que cada vez cobra más fuerza: ¿quiénes se benefician políticamente del narcotráfico?
Un llamado a la justicia internacional
Tomás Uribe afirmó que Colombia no puede seguir siendo «cómplice del silencio», mientras se consolida lo que él denominó un narco-régimen. En sus palabras: “No se trata solo de extraditar a narcotraficantes rasos. Es hora de que los países aliados de Colombia, especialmente Estados Unidos, miren hacia arriba, hacia los que han usado la política para proteger y promover el negocio de la coca”.
El hijo del expresidente insistió en que la justicia internacional debe actuar, como lo ha hecho en otros países de la región, contra mandatarios o líderes que han facilitado el crecimiento del crimen organizado desde el poder.
¿Se aproxima un Pacto Antinarco?
En la misma línea, Tomás Uribe propuso la creación de un Pacto por una Colombia sin cocaína, que reúna a los presidenciables que se oponen al modelo Petro-Cepeda. El objetivo sería evitar que el narcotráfico siga secuestrando el rumbo del país y consolidándose como motor político y económico.
Uribe aseguró que no se trata de una persecución, sino de una advertencia: “No podemos dejar que los que le hacen daño al país se escondan detrás de discursos de paz. Si hay pruebas, que respondan ante la justicia, dentro o fuera del país”.
