La jurisdicción especial para la paz (JEP) encendió las alarmas por la falta de medios para realizar las primeras sanciones impuestas en el país, derivadas de los macrocatos de secuestro y falsos positivos.
Según el presidente de la entidad, Alejandro Ramelli, el Presupuesto Nacional 2026 no garantiza un financiamiento suficiente para cumplir con los proyectos de recuperación de pedidos.
Las medidas, que intentan reparar a las víctimas de más de 21,000 secuestros que se atribuyen a la extinta FARC y las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con el Batallón de La Popa en Valledupar, requieren una inversión de $ 121,858 millones. Hasta ahora, sin embargo, solo se han asegurado $ 20,000 millones, lo que deja un déficit de más de $ 100,000 millones.
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Entre los proyectos que son peligros, programas ambientales, pistas de memoria, demolición, búsqueda de centros de armonización faltantes, culturales e indígenas, así como iniciativas productivas bajo el nombre de Sowers of Love and Peace.
Para el JEP, estas acciones no son solo parte de la ley de transición, sino las declaraciones del estado a la comunidad internacional.
Ramelli enfatizó que el gobierno y el Congreso tienen la obligación de garantizar fondos. Incluso recordó que el sistema de monitoreo de la ONU no solo evalúa el progreso judicial, sino también la capacidad del estado para garantizar la seguridad, la habitabilidad y las condiciones de reparación.
Si no tiene los recursos necesarios, advirtió la jurisdicción, el proceso de reparación estaría en peligro y la consolidación de la paz en Colombia.
