El Consejo de Estado falló a favor de Joseba Mikel Grajales Jiménez, presidente de Cerotty, un conglomerado al que pertenece el EPS, y el presidente Petro ordenó las afirmaciones con las que tuvo que enfrentar, para llevar bien durante un discurso presidencial.
La Corte Suprema opinó que Petro violó los derechos fundamentales para honrar el buen nombre, la sospecha de inocencia y la libertad de circulación del empresario español. En consecuencia, expresiones como «delito», «criminal» y «partida», pronunciada el 15 de julio de 2025. La rectificación debe llevarse a cabo en el siguiente discurso presidencial emitido después de la notificación del fallo.
El presidente había señalado a Grajales para apoyar el supuesto financiamiento de campañas políticas, además de calificarlo como responsable de un «crimen contra la humanidad» en el marco de la crisis de la salud.
Sin embargo, la decisión judicial enfatiza que no existe una providencia administrativa o legal que conecte al empleador directamente con estos hechos, lo que hace que las declaraciones sean un excedente.
En su defensa, Petro argumentó que sus palabras eran parte de un debate político sobre el modelo de salud y que estaba protegido por la libertad de expresión. También argumentó que Grajales, como figura pública, debería hacer preguntas en el marco del debate público.
Sin embargo, el Consejo de Estado fue claro: las declaraciones de un Jefe de Estado no son opiniones, sino que actúa con peso institucional que debe estar respaldado por información verificable. La declaración recordó que el discurso presidencial no es «una facultad de Omnimoda» y siempre está limitado por el principio de legalidad y respeto por los derechos de los ciudadanos.
Esta nueva entrega judicial refuerza la posición de Sanitas en su confrontación con el gobierno nacional, después de que el Tribunal Constitucional ya había mentido la intervención del Supersalud contra la ganancia por acción.
