El Ministerio Público ha realizado detenciones por presuntos actos de corrupción ocurridos durante la administración de Daniel Quintero, cuando era alcalde de Medellín y Presidente del Consejo Directivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Las detenciones, que se suman a las denuncias del actual gobierno del Alcaldía de MedellínSe refieren a seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí en los años 2020 y 2021, cuyo valor ascendería a casi $ 18.000 millones, período en el que Juan David Palacio Cardona fue director de la entidad.
Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana, durante una conferencia de prensa el 8 de octubre
Entre los detenidos se encuentra Misael Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, junto a otros exfuncionarios investigados por presuntas irregularidades en la ejecución de dichos contratos.
Los detenidos están acusados de delitos como celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, interés excesivo en la celebración de contratos y malversación por apropiación.
Estas grabaciones se suman a las investigaciones y denuncias de la actual administración distrital, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, que durante el proceso de intersección ha identificado más de 650 irregularidades, unas 15 de las cuales afectan directamente al área metropolitana del Valle de Aburrá.
“Seguimos trabajando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y recuperar los recursos públicos, recursos que son de la ciudadanía”, dijo Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Paula Andrea Palacio, directora de la Región Metropolitana, habla sobre los procesos en los que la Región Metropolitana ha sido presentada como víctima
Advertencias y conclusiones del gobierno actual
Incluso el área metropolitana no se salvó, con contratos por millones de dólares, la corrupción se extendió a la entidad durante el gobierno de Quintero, en abril de 2024 el actual gobierno de la entidad emitió varias advertencias formales.
sobre presuntas irregularidades descubiertas en la implementación de contratos y proyectos del último gobierno (2020-2023). Estos resultados han sido remitidos a los órganos de control.
Una de las advertencias más relevantes es la situación del Parque de las Aguas, donde el Ministerio Público ha imputado a trece personas por presunta corrupción contractual, con negocios por más de $17.000 millones.
Además de este caso, se han trasladado otras doce advertencias a las autoridades pertinentes:
1. Reformas administrativas irregulares
El actual gobierno ha descubierto supuestas irregularidades en la reestructuración institucional implementada durante el mandato anterior. Según el informe, los actos administrativos carecieron de estudio técnico y viabilidad financiera, y fueron dictados sin concurso y con motivación inadecuada.
El proceso permitió la creación de 128 nuevos puestos, 25 de los cuales fueron designados sin concurso interno, algunos de ellos en vísperas de la Ley de Garantía. Son evidentes posibles conflictos de intereses y nombramientos subjetivos. Además, se eliminaron posiciones estratégicas y se afectaron programas como EnCicla, debilitando los procesos misionales de la entidad.
2. Acuerdos con la Secretaría de Recursos Noviolencia sin claridad:
El área metropolitana firmó convenios por 1.500 millones de dólares con la Secretaría Distrital de No Violencia de Medellín, encabezada por el entonces secretario Juan Carlos Upegui. Hasta la fecha, no hay claridad ni apoyo suficiente respecto de la
implementación de estos recursos, tercerizados a través de Plaza Mayor y Metroparques.
Paula Andrea Palacio, directora del área metropolitana, señala las otras quejas de la actual administración del área metropolitana
3. Indicadores inflados y sin fundamento:
Del plan de gestión Futuro Sostenible (2020-2023), 52 de los 80 indicadores carecen de respaldo verificable. Ejemplo: se informó una implementación del 100 % en proyectos de movilidad activa, mientras que solo se logró el 19 % de los objetivos.
El dinero se ha gastado, pero el cumplimiento es ficticio.
4. Contratos de explotación no renovados:
El gobierno anterior permitió que contratos clave expiraran a finales de 2023, impactando las operaciones de la entidad. Entre ellos se encuentran personal de transporte institucional, telefonía, internet, seguridad, combustible y apoyo ambiental. El
La falta de continuidad puso en peligro la prestación de servicios misioneros.
5. EnCicla, un sistema de cuidados intensivos:
El programa de bicicletas públicas EnCicla mostró un importante deterioro y falta de información sobre su funcionamiento real. El diagnóstico reveló graves deficiencias de mantenimiento y control, que podrían provocar daños a los activos.
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6. Tren fluvial sin aportaciones y con retraso:
Las aportaciones prometidas a la Promotora Ferroviaria no se realizaron en 2022 y 2023. Antioquíaobstaculizando así el avance del Tren Fluvial. La falta de capitalización afectó la capacidad de presentar el proyecto al gobierno nacional.
Hoy la nueva administración instaló una mesa técnica para reactivar el proceso y salvar la iniciativa.
7. Acuerdos de Fundación Arca sin respaldo claro:
El área metro invirtió $3.437 millones en tres contratos con Fundación Arca. La auditoría interna reveló una falta de informes de ejecución, apoyo financiero y contribuciones comprometidas por parte del poder adjudicador.
Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana, se refiere al último caso de corrupción
8. Aportes no comprobados de la Fundación Tenarco:
El acuerdo de $1,926 millones con la Fundación Tenarco incluiría un aporte en efectivo de $578 millones, del cual no hay evidencia de pago. Este asunto fue remitido a los entes de control. Además, en 2020, la entidad firmó tres contratos adicionales por casi $1.700 millones, bajo modalidad directa.
9. Obras inacabadas y sin presupuesto:
Unas 13 obras reportadas en ejecución no cuentan con los recursos necesarios para concluirlas. Entre ellos la extensión de la carrera 43 en Sabaneta y el CAM de Envigadolo que requiere más de 83 mil millones de dólares adicionales. En total, se estima que se necesitan 113 mil millones de dólares para completar los proyectos y evitar que se conviertan en «elefantes blancos».
10. Presuntos sobrecostos y red de contratistas:
Entre 2020 y 2022, se firmaron contratos por valor de más de 32 mil millones de dólares con organizaciones sin fines de lucro, lo que reveló posibles sobrecostos y falta de entrega de productos. La auditoría interna confirmó las desviaciones y las comunicó a los órganos de control.
11. Equipo informático formateado:
Tres computadoras institucionales, incluida la del ex director ejecutivo, fueron formateadas de manera irregular por un individuo ajeno a la entidad, presumiblemente bajo instrucciones directas de la dirección anterior. Esta acción habría eliminado información importante para procesos administrativos y contractuales.
12. Gestión documental en riesgo:
En la plataforma SIM se identificaron más de 1.000 trámites vencidos y no asignados, poniendo en riesgo legal a la entidad. Además, se han constatado irregularidades en la respuesta a solicitudes ciudadanas y una cámara de vigilancia del archivo se encuentra inactiva desde diciembre de 2023.
Estas advertencias fueron presentadas oportunamente a los entes fiscalizadores, reafirmando el compromiso institucional con la recuperación de fondos públicos y fortaleciendo los mecanismos de transparencia.
Compromiso con la legalidad y la transparencia
La entidad es reconocida como víctima y actúa en el proceso a través de un representante judicial. Las audiencias que han tenido lugar son de carácter público y por respeto a la administración de justicia, nos remitimos a ellas para conocer de primera mano el avance de las investigaciones.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá rechaza absoluta y enfáticamente cualquier acto de corrupción. La entidad reitera su compromiso con la defensa del patrimonio público, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Cada peso invertido debe responder a un objetivo colectivo, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá y fortalecer la confianza pública.
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