La tensión entre el Ministerio Público y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, escaló a un nuevo nivel el jueves 16 de octubre con la apertura de una segunda investigación previa contra el alto funcionario.
Las nuevas medidas disciplinarias se centran en la presunta “intromisión indebida” del ministro en la administración de justicia y la supuesta promoción de “discursos de odio” en el marco del proceso legal seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión fue tomada por la Sala de Disciplina del Ministerio Público, tras una denuncia presentada por el propio expresidente Uribe.
El expresidente acusa a Montealegre de calificarlo de «criminal de guerra» y de difundir ampliamente información «falsa e inexacta» en un momento crucial del expediente.
El Ministerio Público intenta determinar si el Ministro de Justicia aparentemente envió mensajes con lenguaje «hostil» a través de aplicaciones de mensajería destinados a defender al expresidente, conducta que podría afectar la autonomía judicial y vulnerar garantías fundamentales de los responsables de la administración de justicia.
La investigación recientemente abierta tiene como objetivo determinar si se configura esta conducta y si constituye una infracción disciplinaria, por lo que ya se han ordenado varias pruebas.
