La situación jurídica de Carlos Ramón González Merchán, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, es aún más complicada. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó en segundo lugar una acción de tutela mediante la cual González buscaba dejar sin efecto la medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Bogotá por el escándalo de corrupción de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).
La Sala de Tutela No. 2 de la Cámara de Casación Penal determinó que no existían elementos para otorgar amparo constitucional alegando violación de sus derechos fundamentales a la libertad, las garantías judiciales y la defensa.
La negativa de la Corte valida la orden de prisión preventiva y contribuye a una medida internacional muy importante: la emisión de una circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González.
Esta alerta internacional, aprobada por la oficina central en Lyon, Francia, autoriza a fuerzas policiales de 196 países a rastrear y arrestar a González, miembro de la Alianza Verde.
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El exfuncionario de 66 años enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero en relación con el escándalo de la UNGRD, un caso que se ha vuelto central en la agenda política y legal del país.
La Fiscalía General de la República presentó cargos formales contra González el 21 de mayo y posteriormente solicitó su reclusión en un centro penitenciario, solicitud que fue aprobada. Si bien el Ministerio Público inició en julio el proceso de apoyo internacional, recientemente se confirmó la alerta roja, agilizando los trámites para la eventual detención y extradición de González.
