El presidente Gustavo Petro enfrenta una petición de desacato ante el Consejo de Estado, presentada por el abogado Germán Calderón. La acción se produce tras el supuesto incumplimiento de la orden judicial que obligó al presidente a rectificar sus polémicas declaraciones en las que calificaba a los periodistas del país de «títeres de la mafia».
La polémica surgió el 30 de agosto de 2024, durante la toma de posesión de la Defensora del Pueblo, Iris Marín.
En su discurso, Petro afirmó: “Los periodistas del poder, títeres de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo como protesta y criminalización del derecho real a la protesta”.
El abogado Calderón, en representación de la periodista María Andrea Nieto, sostuvo que ya vencieron los cinco días hábiles que le otorgó el Consejo de Estado al presidente para pedir disculpas a los periodistas por violar la libertad de expresión y promover la discriminación en el ejercicio del periodismo.
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Según el abogado, si el jefe de Estado no cumple el fallo en el mismo formato en el que hizo sus declaraciones (es decir, mediante un discurso presidencial y la publicación de una exposición de motivos), podría quedar expuesto a una sanción disciplinaria que implicaría un arresto de hasta cinco días.
La Sala Plena de la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre este caso y consideró las declaraciones del Presidente como una forma de violencia simbólica y discriminación, vinculando a los comunicadores con estructuras criminales y deslegitimando su labor profesional.
Los magistrados de la Corte, en sus aclaraciones de votación, instruyeron al presidente Petro a abstenerse de publicar futuros reportajes que violen los derechos de las mujeres periodistas y le recordaron que desde su alto cargo debe reafirmar su compromiso con el respeto, la igualdad y la no discriminación, promoviendo el diálogo y la inclusión en lugar de señalar con el dedo.
