Jonathan, uno de los dos sobrevivientes del ataque militar estadounidense a un presunto narcosubmarino en aguas del Caribe el 16 de octubre, fue dado de alta del Hospital Kennedy de Bogotá el pasado martes 28 del mismo mes.
El hombre salió solo y sin custodia judicial de las instalaciones médicas. Este individuo había sido repatriado a Colombia en estado crítico, con traumatismo craneoencefálico grave y asistencia respiratoria.
“Hemos recibido al colombiano que fue detenido en la operación submarina de narcotráfico, estamos contentos de que esté vivo y sea tratado conforme a las leyes”, Escribió el presidente Petro en su informe X en el momento en que el sobreviviente llegó al país.
Sin embargo, la situación jurídica tomó otro cariz. Si bien el Ministerio Público se encuentra realizando una investigación preliminar sobre el caso, no abrirá una investigación formal debido a la falta de pruebas que vinculen directamente el caso con actividades delictivas en el territorio nacional.
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Según fuentes del Ministerio Público, no existen pruebas ni testimonios relacionados con los delitos previstos en la legislación colombiana.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, había afirmado que el superviviente sería investigado por tráfico de drogas. Sin embargo, el hecho de que el barco fuera destruido en aguas internacionales complica la atribución de delitos bajo jurisdicción colombiana.
La hipótesis dominante es que Jonathan sería un trabajador junior dentro de la operación marítima, sin antecedentes penales ni vínculos aparentes con redes de narcotráfico.
La operación militar que destruyó el barco fue ordenada por la administración del entonces presidente Donald Trump y llevada a cabo el 16 de octubre por fuerzas estadounidenses. El barco fue clasificado por Washington como parte de un grupo «narcoterrorista».
De las cuatro personas a bordo, dos murieron y dos sobrevivieron: Jonathan, repatriado a Colombia, y Andrés Fernando, quien fue trasladado a Ecuador, donde también fue liberado días después.
