La compra del avión Gripen sigue planteando fuertes interrogantes en el país, sobre todo después de que un organismo de seguimiento pidió al gobierno que detallara todas las justificaciones técnicas, jurídicas y económicas que respaldaron la elección de este avión sueco frente a otras alternativas evaluadas, como los modelos franceses o el F-16 estadounidense. La solicitud incluye adjuntar documentos, comparaciones y análisis que expliquen por qué se eligió la flota producida por Saab.
El debate se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara desde Cali que el acuerdo con Suecia ya estaba cerrado y que Colombia comprará 17 aviones de combate. Sin embargo, al igual que otras compras multimillonarias, la decisión estuvo plagada de dudas sobre la transparencia del proceso y la información proporcionada al público.
Una de las quejas más sonadas provino de la congresista Carolina Arbeláez, quien cuestionó si Petro había revelado recientemente detalles del contrato que anteriormente le habían sido negados bajo el argumento de «salvedades».
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El congresista enfatizó que si el presidente puede revelar públicamente estos datos, el Departamento de Defensa está obligado a proporcionarlos oficialmente. Para ella, el país necesita claridad para quitar sospechas de posibles sobrecostos.
Por su parte, el Presidente afirmó que el valor total de la compra es de 16.500 millones de dólares debido a su vigencia futura hasta 2032 y a factores macroeconómicos, incluido el comportamiento del euro.
También defendió que los aviones no se entregan ‘desnudos’, sino equipados con sus máximas capacidades: simuladores avanzados con cuatro cabinas, paquetes de armamento, integración de sensores, herramientas especializadas, bancos de mantenimiento y entrenamiento para pilotos y personal técnico.
A pesar de las aclaraciones, la polémica sigue creciendo. Mientras los organismos fiscalizadores exigen una documentación cuidadosa, los sectores políticos insisten en que la falta de información oportuna ha alimentado las sospechas.
El gobierno, en cambio, sigue sosteniendo que se trata de una inversión estratégica para modernizar la defensa aérea del país.
