La audiencia en la que se formularon las acusaciones contra el exalcalde Daniel Quintero y otros doce imputados en el caso Aguas Vivas se convirtió este viernes en un campo de batalla legal. La jornada, que comenzó a las 15.00 horas. del 21 de noviembre, se centró en el pedido de nulidad de cargos de varios abogados, táctica que el Ministerio Público calificó como un intento de dilatar el proceso judicial.
Luego de dos horas y media de intervenciones, el Juez 22 Penal del Circuito de Medellín decidió posponer el procedimiento. La continuación del juicio, crucial para determinar la responsabilidad de los involucrados, fue trasladada a una fecha entre febrero y marzo del próximo año.
Un total de cuatro abogados pidieron al juez que desestimara el cargo. Su argumento se basó en supuestos errores, vacíos y deficiencias en el proceso judicial seguido en esa etapa, que, según ellos, violaron las garantías fundamentales de sus clientes.
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La respuesta del Ministerio Público fue inmediata y enérgica. Yarlecy Mena Benítez, fiscal adjunta de la Unidad de la Administración Pública en Medellín, advirtió sobre lo que ve como una estrategia para frenar el avance del juicio:
“La defensa ha intentado, lo digo respetuosamente, convertir estratégicamente esta fase del proceso de acusación en un escenario para reconsiderar o cuestionar la legalidad de la audiencia de acusación”. dijo Mena Benítez
Ahora que el juicio está pausado hasta 2026, el juez debe decidir si prosperarán las anulaciones solicitadas. De aceptarse esto, se tendría que repetir toda la etapa de atribución, aunque el Ministerio Público tendría la opción de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Medellín.
