Una grave denuncia penal ha sido presentada ante la Comisión de Impugnación de la Cámara de Representantes, poniendo a la Fiscal General de la nación, Luz Adriana Camargo, en el ojo del huracán.
La acción legal, interpuesta por la Fundación Vamos Colectivo, apunta a presunta negligencia institucional ante más de 40 casos de deportistas que sufrieron abuso y acoso sexual durante entrenamientos y competencias en Bogotá. El objeto de la denuncia es establecer si el alto funcionario cometió el delito de negligencia criminal.
Según el documento, la supuesta falta de celeridad e incluso desconocimiento del Ministerio Público sobre estos hechos, reportados originalmente entre los años 2021 y 2023, están en el centro de la polémica.
Lo especial del caso es el perfil de las víctimas: jóvenes deportistas, y el de los presuntos responsables: personas cercanas a ellas, como entrenadores, profesores o compañeros de clase, lo que añade una capa de complejidad y vulnerabilidad a las investigaciones.
Blanca Durán, directora de la Fundación Vamos Colectivo y exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), fue la encargada de impulsar el mecanismo que permitió a las víctimas romper el silencio. “Escuchamos confidencialmente sus denuncias y orientamos a las víctimas en la presentación de sus respectivas denuncias ante las autoridades”, dijo Durán, demostrando el esfuerzo de la ciudadanía a pesar de la supuesta inacción del Estado.
El proceso para las víctimas fue lento y frustrante. En 2023, dos años después de las primeras denuncias, aún no se había anunciado la primera acusación formal contra los sospechosos. Esta situación obligó a la Fundación a solicitar al Ministerio Público conocer el estado de las investigaciones.
Ante la falta de avances, en 2024 se presentó otra petición, que también fue ignorada. Finalmente, la Fundación inició una acción de tutela en 2025. La respuesta, que llegó el 23 de agosto de 2025 de un profesional del grupo jurídico de la Fiscalía de Bogotá, negó información específica, argumentando que el denunciante no era víctima ni representante legal directo.
Pese a los obstáculos, Vamos Colectivo logró determinar que de los 41 casos de abuso sexual reportados, solo 27 tenían número de noticia criminal (expediente). De ellos, sólo ocho siguen activos, mientras que el resto han sido archivados o considerados no aptos.
Lo más preocupante es que hasta el momento no ha habido ninguna condena y las víctimas aún esperan que la justicia sea efectiva. Este panorama de impunidad dio origen a la denuncia ante la Comisión de Juicios Políticos, que ahora debe determinar la responsabilidad política y judicial del Fiscal General.
