La acusación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla se formalizará en las próximas horas, según confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien aseguró que la audiencia ya fue solicitada y estará en manos de la fiscal adjunta María Cristina Patiño.
La investigación se enmarca en el que se considera el mayor caso de corrupción del actual gobierno: el despojo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que costó millones de dólares.
El Ministerio Público venía anunciando esta acusación desde hacía meses, mientras enfrentaba cuestionamientos sobre permitir la fuga de otro presunto cerebro de la red: el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, actualmente solicitante de asilo en Nicaragua. En el caso de Bonilla, sin embargo, los testimonios recogidos fueron suficientes para emprender acciones legales.
Una de las historias más contundentes es la de su exasesora, María Alejandra Benavides, quien goza de inmunidad total tras acogerse al principio de oportunidad. Benavides aseguró que estaba actuando según órdenes y explicó cómo el Ministerio de Hacienda había aprobado la entrega de contratos multimillonarios para conseguir votos de los congresistas a favor de los créditos internacionales de la nación.
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Los proyectos suman más de $92.000 millones de pesos, con obras en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca). Sin embargo, el Ministerio Público enfrenta nuevas críticas luego de que se conociera que la computadora de Benavides desapareció del ministerio sin ser recogida como prueba.
Con reuniones documentadas, comunicaciones internas y testimonios directos, el caso avanza hacia una fase crucial que podría implicar aún más al exministro en el mayor escándalo del gobierno de Gustavo Petro.












