Los fiscales han procesado a tres personas por su presunta participación en irregularidades descubiertas en un contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, por un valor de unos 32 millones de dólares.
Los imputados son Hugo Mora, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Manrique, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del mismo ministerio; y el coronel Julián Rincón, adscrito a la Brigada de Aviación N° 32 del Ejército Nacional.
Según la investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el coronel Rincón había aprobado de manera irregular prórrogas en la presentación de licitaciones, participó indebidamente en la fase precontractual y sin respaldo certificó la experiencia de la empresa Vertol Systems Company, lo cual fue rechazado por el comité evaluador. También se le acusa de alterar los estudios financieros y aprobar condiciones que impedían comprobar la capacidad económica real del contratista.
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Por su parte, Manrique habría intervenido en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, cambiando los principales requisitos financieros que permitieron aprobar una propuesta sin establecer indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizativa, exigidos por la normativa vigente.
Mientras tanto, a pesar de conocer las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos legales, Mora supuestamente firmó el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de 2024 y aprobó un anticipo del 50% del valor total, equivalente a más de US$ 16 millones, el cual fue pagado a una cuenta del contratista en Estados Unidos el 15 de abril de 2025, pese a que el contrato no pudo ejecutarse por incumplimiento del proveedor.
Del contrato de 32 millones de dólares, sólo se han completado aproximadamente 2,6 millones de dólares de actividades y hasta la fecha no se ha recuperado el saldo restante, más de 13 millones de dólares.
El Ministerio Público imputó a los tres investigados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés excesivo en celebrar contratos, contratos que no cumplen con los requisitos legales, influencia en funcionario público, delito por acción, abuso de cargo público, fraude procesal y peculado por apropiación, cargos que no fueron aceptados.
