El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció el viernes 19 de diciembre que el gobierno nacional ha preparado un decreto económico de emergencia ante el colapso de la reforma tributaria que pretendía recaudar 16 mil 300 millones de pesos para el presupuesto general de la nación 2026.
“Estamos ultimando una declaración alternativa de emergencia económica que pretende equilibrar estos recursos a través de diversas medidas”dijo el titular de la cartera en rueda de prensa.
Ávila señaló que esperan anunciar la medida y emitir los decretos adicionales la próxima semana, con los que establecerán nuevas medidas tributarias para recuperar el monto definanciado por el Congreso.
“Esperamos garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso no ha financiado con cargo al Presupuesto Nacional, lo que obliga al gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el propio Congreso”.dijo el funcionario.
El ministro justificó la emergencia económica señalando que se trata de una situación sin precedentes en los últimos treinta años: “En ningún caso el Congreso ha aprobado un presupuesto que vinculara una ley de financiamiento como una de las fuentes de financiamiento y dos meses después el mismo Congreso niega la ley”denunció.
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«Es una especie de trampa que tira el Congreso. Adopta un presupuesto que asume niveles de gasto y compromisos que deben asumirse para cumplir objetivos sociales y económicos, y luego retira algunos de los recursos».añadió Ávila.
El funcionario describió varios hechos que justificarían la declaratoria de emergencia económica
Crisis sanitaria: Ávila destacó la crisis financiera que enfrenta el sector salud y el riesgo de impago que podría existir en los subsidios de los estratos 1, 2 y 3.
Subsidios energéticos en riesgo: «Los pagos de subsidios a la energía están en riesgo. Esto tendría un impacto muy significativo en la costa atlántica», El ministro advirtió que los hogares caribeños son particularmente vulnerables.
Validez futura: El ministro expresó especial preocupación por garantizar el cumplimiento de futuras regulaciones.
«Tenemos la obligación constitucional de cumplir con los compromisos de los futuros gobiernos. Cada año debemos responder pagando por esos compromisos casi 15 mil millones de pesos, partida que debe incluirse en el presupuesto de inversiones».sostuvo.
Sentencias judiciales: Ávila señaló que también está en riesgo el pago de sentencias judiciales que debe cumplir el Estado.
Seguridad nacional: El ministro vinculó la emergencia al deterioro del orden público.
“Recientemente hemos tenido ataques al poder público en departamentos como Cesar o Cauca y organizaciones armadas utilizan sistemas de tecnología de drones con los que influyen en la infraestructura”declaró.
Según Ávila, la declaratoria de emergencia tiene como objetivo proteger derechos fundamentales y garantizar transferencias a las poblaciones más vulnerables, atender condiciones futuras, fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y garantizar subsidios eléctricos.
El fracaso de la reforma tributaria representa un duro golpe a las finanzas del gobierno de Gustavo Petro, que ahora tendrá que invocar la figura constitucional de emergencia económica para intentar recuperar los recursos que consideraba imprescindibles para el funcionamiento del Estado en 2026.
