Un juez de Control de Garantías de Barranquilla rechazó el pasado viernes 19 de diciembre el pedido de medida de seguridad en un centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, en un juicio judicial por presunta corrupción en el departamento del Atlántico.
La decisión fue tomada por el Juzgado 14° de Revisión de Garantías, que concluyó que el sospechoso no representa un peligro para la sociedad ni representa un riesgo de obstrucción a la justicia. Por tanto, rechazó la solicitud del Fiscal General.
Durante la audiencia, el juez también aceptó el dictamen emitido días atrás por el Ministerio Público, que no estuvo de acuerdo con enviar a prisión al exdiputado del Atlántico mientras continúa el proceso judicial.
Este caso es independiente del juicio que enfrenta Nicolás Petro por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, relacionado con el financiamiento irregular de la campaña presidencial de su padre, aunque ambos expedientes han colocado al hijo del presidente en el centro del debate nacional.
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Según la investigación, los hechos de este juicio se remontan al año 2021, cuando Petro Burgos, en su calidad de diputado, junto a su entonces pareja, Day Vásquez, presuntamente participó en la presunta manipulación de contratos del Gobierno del Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social.
El Ministerio Público alega que dichos contratos pretenden beneficiar a personas cercanas, entre ellas amigos y familiares, mediante acuerdos supuestamente irregulares. El monto investigado superaría, según versiones preliminares, los 11.000 millones de pesos.
Como consecuencia de estos hechos, Nicolás Petro fue imputado por los delitos de interés excesivo en la ejecución de contratos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Sin embargo, el juez dictaminó que las circunstancias actuales no justificaban la privación de libertad.
