La polémica por el decreto de emergencia económica y social emitido por el gobierno nacional el 22 de diciembre continúa escalando en el escenario político justo cuando el país ingresa a la última semana del año.
Para el lunes 29 de diciembre estaba previsto un debate de control político en el Congreso de la República; Sin embargo, a la citación no asistirán ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro.
La decisión fue anunciada luego de una sesión virtual extraordinaria el pasado viernes 27 de diciembre, durante la cual el Senado acordó convocar a todos los ministros para explicar los alcances, fundamentos y consecuencias del decreto que declara el estado de emergencia económica y social en Colombia. Sin embargo, la Mesa decidió no asistir argumentando que no se habían respetado los plazos legales para responder al cuestionario previo al debate.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la convocatoria contiene errores formales y no respeta el plazo de cinco días que tienen los ministros según la normativa vigente para responder preguntas del Congreso.
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Según Benedetti, la invitación del legislador llegó con inconsistencias en la fecha y no cumple con el plazo mínimo exigido por la ley.
“No pueden cotizar antes de que expire este plazo”dijo el jefe de la cartera política, explicando que el gobierno considera inadecuado asistir al debate en estas circunstancias. La posición habría sido adoptada conjuntamente por todos los miembros del gabinete ministerial.
La ausencia anunciada provocó fuertes reacciones de sectores de la oposición y del Congreso, que esperaban que el Ejecutivo rindiera cuentas por una medida considerada excepcional y de gran impacto económico y social. Algunos congresistas advirtieron que pese a la ausencia de los ministros, el legislativo avanzará en el análisis y escrutinio político del decreto.
El decreto económico de emergencia otorga al gobierno la facultad de dictar normas con fuerza de ley e implementar ajustes presupuestarios con el objetivo de hacer frente a una crisis presupuestaria que, según el poder ejecutivo, no puede resolverse mediante mecanismos ordinarios.
