La senadora y candidata a la presidencia, Paloma Valencia, denunció un presunto gran escándalo de personal en el Ministerio de Igualdad, señalando que el fondo destinado a esa cartera se habría utilizado para emplear de forma discrecional, en régimen de derecho privado, a miles de personas y proveedores logísticos, en vísperas de las elecciones de 2026.
Según Valencia, la situación salió a la luz tras una denuncia presentada en diciembre del año pasado, advirtiendo que el Fondo llevaba dos años sin publicar contratos. ‘Fue una feria de contratos, burocracia y despilfarro. Ahora entendemos por qué no publicaron nada’ declaró.
Según el congresista, el fondo vinculado a MinIgualdad firmó cuatro contratos con la empresa Laborando SAS por un monto total de $70.582 millones, destinados a emplear al menos 3.304 trabajadores temporales entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.
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La distribución conocida incluye 3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencia de Género y un número no especificado para la gestión operativa del fondo y el programa Agua es Vida.
Valencia advirtió que el número real de contratistas podría ser mayor ya que dos contratos no fijan un límite de plantilla, lo que según sus cálculos supondría un incremento del 493% respecto a la fábrica del ministerio.
Valencia también cuestionó la necesidad de estas contrataciones, señalando que a noviembre de 2025 MinEgualdad contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de ellos de carrera administrativa. Además, según se informa, el Fondo contrató a 308 contratistas adicionales entre 2024 y 2025, a pesar de que desempeñaban funciones específicas del ministerio.
El candidato contrastó estas cifras con la ejecución del presupuesto: mientras el Ministerio había destinado $56.195 millones para su nómina entre enero y noviembre de 2025, el Fondo habría comprometido $70.582 millones en apenas seis meses, un 125% más de lo que había hecho la entidad en diez meses.
Bajo rendimiento y otras quejas.
La denuncia también incluye la firma de dos contratos de operadores logísticos por $68.949 millones, ejecutados por el Fondo y no por el ministerio. Según Valencia, esto se hizo para burlar la Ley 80 de Contrataciones Públicas y permitir la contratación directa, con anticipos que suman más de $15.000 millones.
Además, según el senador, hay falta de transparencia en el SECOP, donde no aparecen facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión. Indicó que los contratos fueron publicados sólo parcialmente luego de su advertencia en el Congreso.
El caso se da en medio de otras denuncias sobre la cartera, como la de la diputada Catherine Juvinao, quien cuestionó la baja ejecución presupuestaria del ministerio y acusó al ministro Juan Fernando Florián de entregar información falsa, lo que generó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la República.
Además, recientemente se anunció la renuncia del exviceministro de Igualdad Dumar Guevara, quien presuntamente estuvo involucrado en supuestas irregularidades contractuales con el Fondo FonIgualdad, por un monto de más de $55.000 millones.
Todo sucede mientras el Congreso debate el futuro del Ministerio de Igualdad, que debe ser reconsiderado tras ser declarado inejecutable por el Tribunal Constitucional.
