El panorama jurídico en Colombia se ha visto sacudido tras el anuncio del Ministerio Público, que ha decidido convocar a una respuesta formal a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien será procesado el 11 de febrero por su presunta responsabilidad negligente en el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido después de un asesinato el año pasado.
La determinación del organismo acusador marca un hito en la historia reciente del país, pues Rodríguez es el primer alto funcionario del actual gobierno que enfrenta cargos penales por las falencias en el plan de seguridad que motivó el crimen.
Según la investigación realizada por un fiscal del departamento de Bogotá, el titular de la UNP será imputado por los delitos de negligencia y tentativa de homicidio, sobre la base de que fueron ignoradas varias advertencias y solicitudes para fortalecer la protección del líder del Centro Democrático antes de que fuera agredido.
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El expediente muestra que el asesinato no fue un hecho aislado, sino el resultado de lo que el departamento de justicia describe como «mezquindad» del estado.
El abogado de la familia de la víctima, Víctor Mosquera, ha sostenido firmemente que más de diez veces se solicitó protección adicional para el político de 39 años, solicitudes que supuestamente fueron ignoradas por la entidad encargada de salvaguardar la vida de figuras públicas en riesgo.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque con arma de fuego el pasado 7 de junio mientras participaba en un evento público en el parque El Golfito, en el norte de la capital.
Un adolescente de 15 años fue el responsable de disparar con una pistola Glock al candidato, quien murió semanas después en la Fundación Santa Fe. Mientras las investigaciones señalan a la “Segunda Marquetalia” como autor intelectual, la lupa judicial ahora se centra en la estructura de mando de la UNP y por qué el plan de seguridad fue insuficiente para evitar la tragedia.
