La Contraloría General de la República, a través de su Delegado para el Sector Justicia, realizó un seguimiento permanente de los recursos aportados por las FARC en el marco del acuerdo de paz, con el fin de identificar los recursos con los que cuenta la justicia transicional para la ejecución de sus sentencias.
En el contexto del seguimiento, se realizó un análisis de las órdenes emitidas por la JEP en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-STNo.002 de 2025 del Departamento de Primera Instancia con Reconocimiento, encontrando que dentro de los componentes de las sanciones existen medidas reparadoras y reparadoras, las cuales, según un cálculo estimado de la Jurisdicción Especial, requiere $121,858 millones de pesos, de los cuales solo $20 mil millones de pesos están disponibles para 2026.
El 26 de septiembre de 2016, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron en Cartagena el Acuerdo para Poner Fin al Conflicto y Construir una Paz Estable y Duradera, donde se comprometieron a suministrar bienes para la compensación de las víctimas.
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Además, respecto de los demás componentes, se emitieron una serie de órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades públicas a nivel nacional y territorial responsables de garantizar las condiciones para su implementación, y de obtener los medios para cumplirlas. Sin embargo, no hay recursos presupuestados para cumplir con estas órdenes, lo que limita su implementación a 2026.
Por otro lado, respecto de los bienes recibidos de las FARC-EP, se designó a la SAE SAS como administradora de los bienes autónomos que se encargaría de la gestión de estos bienes y se determinó que la Unidad para la Atención Integral y Rehabilitación de las Víctimas (UARIV) era la entidad designada como beneficiaria por el Gobierno Nacional.
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Política
La Contraloría General de la República pudo identificar los bienes que las FARC acordaron entregar en virtud del acuerdo de paz para compensar a las víctimas, y lo que realmente fue entregado y monetizado:
Los bienes entregados por las FARC al Estado colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del Acuerdo, lo que pone en peligro la efectividad del principio de verdad, justicia y reparación, al generar incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias respecto de la obligación del Estado colombiano respecto de los derechos de las víctimas.
