La seguridad del sistema de justicia en Colombia vuelve a estar bajo la lupa tras las graves denuncias del juez Hugo Carbonó, encargado de llevar el proceso penal contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El abogado denunció ante las autoridades que tanto él como su familia han sido víctimas de amenazas sistemáticas y vigilancia sospechosa, tanto en Barranquilla como en la capital del país.
Ante la solidez de las evidencias, la Unidad Nacional de Protección (UNP) calificó su nivel de vulnerabilidad como ‘riesgo extraordinario’ e inmediatamente ordenó un plan reforzado con vehículos blindados y escoltas permanentes.
Según el documento conocido por la prensa, las hostilidades aumentaron tras las audiencias contra el hijo del presidente a finales de julio del año pasado.
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El juez Hugo Carbonó señaló que la alta atención mediática sobre el caso permitió que desconocidos identificaran sus rutinas y su entorno de vida. La más inquietante de estas amenazas, sin embargo, ocurrió en Bogotá, donde la hija del magistrado fue abordada cuando salía de su casa por dos mujeres que de manera intimidatoria le dijeron que sabían exactamente qué trabajo hacía su padre en los tribunales de la Costa.
Este no es el primer episodio violento al que se enfrenta el alguacil. Carbonó ya tenía antecedentes de acoso por parte de peligrosos jefes criminales como alias ‘Tommy Masacre’ y ‘El Negro Ober’, a quienes condenó en el pasado.
Sin embargo, el magistrado enfatizó que el actual asedio parece estar directamente relacionado con la relevancia política del expediente de Nicolás Petro Burgos, lo que ha creado un ambiente de miedo que pretende alterar la imparcialidad y el ritmo del proceso que se lleva a cabo en el departamento del Atlántico.
La Unión Judicial ha expresado su solidaridad con el juez y exige garantías reales para que el proceso no se vea empañado por la violencia. Mientras la UNP implementa las nuevas medidas de seguridad, organismos de inteligencia investigan los orígenes de las vigilancias para determinar si provienen de estructuras criminales comunes o si existe un trasfondo político interesado en presionar las decisiones de Carbonó.
