Un nuevo episodio calificado como un presunto caso de corrupción judicial y política salió a la luz este fin de semana, tras denuncias penales presentadas por el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso.
Según ha manifestado el actual candidato a la Cámara, existiría una red de “contratos atados” y nombramientos de familiares en entidades como Findeter y el Ministerio del Interior, que, según su versión, estarían destinados a garantizar el respaldo legislativo a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La denuncia, según afirma Enciso, involucraría a altos personajes como el actual ministro del Interior, Armando Benedetti; el exministro Luis Fernando Velasco; la senadora Berenice Bedoya; y el secretario de Findeter, Iván Ramírez Rusinque. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna decisión judicial que confirme estas acusaciones.
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Enciso ha indicado que el supuesto esquema incluía la oferta de puestos en el Servicio Nacional de Bomberos y en Finagro, así como la contratación de familiares del senador Bedoya en el Ministerio del Interior, hechos que, según su denuncia, se habrían dado en el contexto del debate de la reforma sanitaria a finales de 2025.
El exfuncionario afirmó que tendría pruebas, entre ellas entrevistas y testimonios de miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), que aparentemente muestran negociaciones respecto de ampliaciones presupuestarias para las obras del acueducto en Yarumal. Antioquíaa cambio de apoyo político. Sin embargo, estas pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes.
Estas acusaciones han planteado interrogantes sobre la gestión de los fondos públicos y el funcionamiento de los bancos de desarrollo en las regiones, aunque corresponderá a los entes de seguimiento y al ordenamiento jurídico determinar si existen o no irregularidades.
