La polémica por la hoja de vida de Juliana Guerrero vuelve a cobrar fuerza en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntamente obtener títulos académicos irregulares cuando aspiraba a un cargo como Viceministerio de la Juventud durante el gobierno de Gustavo Petro. Nuevos documentos revelarían inconsistencias en la información académica reportada a entidades oficiales.
Según datos conocidos recientemente, la joven presuntamente presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Sistema Público de Información y Gestión Laboral (Sigep) dos versiones diferentes de su hoja de vida, las cuales presuntamente contenían omisiones y datos que no coincidían con certificaciones oficiales.
Una petición enviada al Servicio Nacional de Educación (Sena) confirmó que Guerrero obtuvo el título técnico en contabilidad de operaciones comerciales y financieras en 2018, realizado bajo un convenio de articulación con la institución educativa donde realizó su bachillerato en Agustín Codazzi, Cesar.
Sin embargo, en uno de los expedientes, se dice que ese mismo proceso educativo fue registrado como una licenciatura de cuatro semestres, con un título otorgado en el mismo mes y año en que terminó la escuela.
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Según la respuesta oficial del Sena Regional Cesar, el programa técnico correspondió a 880 horas de formación, lo que difiere de la duración académica que figuraba en el documento presentado. Además, ambas titulaciones (licenciatura y presunto bachiller) aparecen con fecha de noviembre de 2018.
Luego de la polémica, apareció otra versión de la hoja de vida reportando un título profesional en Contaduría Pública con diez semestres cumplidos y un diploma en julio de 2025. Sin embargo, la Fundación Universitaria San José indicó que la joven no tomó clases ni presentó evaluaciones para obtener ese reconocimiento.
El Ministerio de Educación también afirmó que Guerrero estaba matriculada en varias universidades del país, pero no había completado sus estudios en ninguna universidad.
Mientras continúa la investigación y se posterga la audiencia sobre las acusaciones, continúa el proceso de una acción legal encaminada a revisar su designación como delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.
