La familia de Kevin Acosta, el pequeño que conmocionó al país luego de morir mientras esperaba un tratamiento vital para su hemofilia, ha decidido llevar al presidente Gustavo Petro ante las gradas del Congreso.
En una acción legal sin precedentes por este caso, los familiares del menor presentaron una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El motivo es el supuesto incumplimiento de la confidencialidad por parte del jefe de Estado, a quien acusan de revelar detalles sensibles del historial médico de Kevin Acosta sin el consentimiento de sus padres, utilizando información privada en medio del debate nacional sobre el sistema de salud.
Para los familiares y su equipo legal, las acciones del presidente no sólo fueron una falta de tacto ante el dolor de una familia, sino también una flagrante violación de la confidencialidad que protege los datos médicos de todo ciudadano, especialmente cuando se trata de un menor.
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La denuncia alega que el presidente reveló documentos confidenciales para justificar posiciones políticas, sin tener en cuenta las protecciones de privacidad impuestas por la ley colombiana.
El caso de Kevin Acosta se ha convertido en un punto de inflexión en la discusión sobre la crisis de las EPS y la oferta de drogas en Colombia. Sin embargo, este nuevo aspecto legal traslada la batalla del ámbito de la atención sanitaria al de la ética gubernamental y el derecho a la privacidad.
Ahora la Comisión de Juicios Políticos tendrá la tarea de determinar si Gustavo Petro abusó de su poder al difundir datos protegidos por el secreto legal.
