La Fiscalía procesó a dos hombres acusados de participar en el secuestro de un comerciante de Cali que fue engañado en supuestas negociaciones por tierras destinadas a actividades mineras. La víctima estuvo retenida en una casa durante siete días Medellínmientras que sus familiares recibieron exigencias económicas para obtener su liberación.
Los capturados fueron identificados como Maicol Castrillón y Santiago Gallo, quienes, según la investigación, habrían estado a cargo de la detención del comerciante durante el tiempo que estuvo privado de su libertad.
El presunto negocio terminó en secuestro
Según las pruebas recabadas por el Ministerio Público, los hechos comenzaron el 23 de junio, cuando el comerciante salió de Cali con destino a Medellín para reunirse con varias personas y concluir un presunto caso relacionado con la compra de terrenos para minería en el sur del departamento de Bolívar.
Sin embargo, al llegar al lugar acordado, el hombre fue abordado por varios sujetos que lo subieron a la fuerza a un automóvil de servicio público y posteriormente lo llevaron hasta un inmueble en el barrio La Iguaná, en la capital de Antioquia.
Una vez en el lugar, la víctima habría sido intimidada con armas de fuego y despojada de sus bienes, cuyo valor se estimó en aproximadamente 15 millones de pesos.
Además, las autoridades determinaron que estaba detenida contra su voluntad, mientras que los responsables se comunicaron con sus familiares para exigir el pago de 800 millones de pesos como condición para su liberación.
El rescate se produjo tras una operación conjunta
Luego de varios días de investigación, el Ministerio Público y el Gaula de la Policía Nacional desarrollaron un operativo que permitió localizar el local donde había sido secuestrado el comerciante.
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La intervención se realizó siete días después del secuestro y permitió rescatar a la víctima y capturar in fraganti a Maicol Castrillón y Santiago Gallo, quienes, según la investigación, serían los encargados de monitorear al comerciante durante su cautiverio.
Durante el procedimiento también fueron incautadas un arma de fuego, un silenciador y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 milímetros, elementos puestos a disposición de las autoridades competentes.
Los acusados fueron enviados a prisión.
Tras las detenciones, un fiscal del Gaula adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales llevó a los dos detenidos ante un juez de control de garantías.
El Ministerio Público les imputó los delitos de secuestro extorsionista, hurto y producción agravados, tráfico y porte de armas, municiones de uso limitado, de uso exclusivo de las fuerzas armadas o explosivos, todas conductas bajo circunstancias agravantes.
Durante la audiencia, los sospechosos no aceptaron las acusaciones del organismo de investigación.
Finalmente, el juez aceptó la solicitud del Ministerio Público y le impuso medida privativa de libertad en prisión, en tanto avance el proceso judicial en su contra.
